viernes, 26 de febrero de 2016

UN PACTO SÁNCHEZ-RIVERA ESENCIALMENTE SOCIALISTA

Señoras y señores, con todos ustedes: los muy liberales de Ciudadanos, que han pactado con el PSOE un programa... la mar de socialista.

No es ya el hecho de limitarse a mantener (eso sí, menos mal) el IRPF tal y como está frente a la nueva bajada que propugna el PP, o de subir otros impuestos como el de Sociedades o el de Sucesiones y Donaciones, sino de incrementar el gasto público nada menos que en 50.000 millones de euros. Además, por supuesto, de reformar el artículo 135 de la Constitución para dejar en papel mojado la estabilidad presupuestaria y derogar la reforma laboral. Y fuera del ámbito estrictamente económico, acabar con la LOMCE, eliminar unas Diputaciones Provinciales (salvando a las Forales, claro, no vaya a ser menester el apoyo del PNV) que resultan imprescindibles para dotar de servicios a los municipios más pequeños, hacer de España un Estado 'federal' cuyo proyecto, según Carme Chacón (y sin que todavía nadie la haya desmentido), 'esconde' un referéndum en Cataluña, o, atención a los 'catoliquisímos' que hayan votado a Ciudadanos, la revisión de los acuerdos con la Santa Sede.

Eso sí, sobre grandes proyectos vertebradores como la prevista ampliación del AVE a ciudades como Murcia, o la asignatura pendiente del Plan Hidrológico Nacional, absolutamente nada se recoge: debe ser por las declaradas antipatías del gurú Garicano por lo primero, y los rechazos de 'barones' del PSOE por lo segundo, que además Rivera, según palabras suyas, prefiere dejar en manos de los técnicos.

No es solo eso: mientras que en Madrid y Murcia Ciudadanos exige al PP que la mera imputación o investigación de sus cargos, incluso por faltas administrativas, sea ya causa de dimisión o cese, el pacto firmado por Sánchez y Rivera sitúa el límite en la apertura de juicio oral, lo que permite 'salvar' a imputados del PSOE como los de Andalucía por el caso de los ERE falsos, o los de Galicia, como Gómez Besteiro, secretario general de los socialistas gallegos, o Abel Caballero, alcalde de Vigo. Esta escandalosa doble vara de medir es la prueba del nueve de que la supuesta firmeza de Ciudadanos contra la corrupción no es más que un monumental ejercicio de superchería.

Por todo ello, que quienes abogan porque el PP se adhiera a este trágala argumenten que se trata de un acuerdo perfectamente asumible por el Partido Popular y sus votantes, forma parte sin duda de toda esta grotesca ceremonia de la confusión y el engaño de la que sus promotores, Sánchez y Rivera, pretenden hacernos partícipes. Como diría el clásico: tonterías, las justas.