lunes, 11 de enero de 2016

MAS: POR LA BOCA MUERE EL PEZ

Cuando la iniciativa política se deja en manos de mesiánicos separatistas dispuestos a saltarse hasta sus propias leyes y sediciosos batasunos con sus grotescos y tramposos modos asamblearios, como tales antidemocráticos, el resultado no podía ser otro: farsa tras farsa, ridículo tras ridículo, evitar, eso sí, las cuartas elecciones autonómicas en cinco años, si bien haciendo uso de una componenda, de un flagrante fraude electoral, que el propio Mas no ha podido definir de mejor manera: 'hemos corregido con las negociaciones lo que no nos dieron las urnas'. Vamos, que quien se ha presentado como mártir de la opresora reacción española, de la 'caverna' de 'Madrit', por defender heroicamente posiciones de democracia avanzada, a la hora de la verdad no tiene impedimento alguno en pasarse por el forro de sus caprichos la voluntad expresada por su amado pueblo catalán si no coincide con sus pretensiones. Por la boca muere el pez: quien atropella la ley, hace lo propio con la democracia.

Y es que quienes han terminado monopolizando el tan mentado 'derecho a decidir' (por todos los catalanes), los filoetarras de la CUP (dos de cuyos destacados miembros no faltaron a una manifestación en Bilbao en contra de la dispersión de los presos etarras), han dado finalmente su plácet a Carles Puigdemont, alcalde convergente y separatista de Gerona, como presidente de la Generalitat. Que Artur Mas haya sido desplazado (temporalmente, según se ha permitido asegurar él mismo) no significa que el desafío independentista del nacionalismo catalán vaya a perder intensidad: bien al contrario, si tenemos presente que el nuevo 'president' se ha significado por ostentar, de obra y de palabra, un mesianismo antiespañol tan acusado como su antecesor, amén de haber defendido en su discurso de investidura los pasos de la declaración de ruptura anulada por el Tribunal Constitucional. Habrá, pues, que atarse los machos y continuar defendiendo con absoluta firmeza la unidad de España, la soberanía nacional del pueblo español, la Constitución y las leyes. Y, desde luego, el próximo Gobierno nacional que salga tras la constitución de las Cortes ha de tener absolumente claros tales principios.

Sea como fuere, que el Gobierno de la nación se encuentre en funciones estas fechas no implica que las instituciones y los instrumentos y mecanismos del Estado de Derecho suspendan su cometido de velar por la defensa y garantía del imperio de la ley. Es más, el actual Ejecutivo, si bien tiene limitadas sus facultades constitucionales (así, no puede presentar proyectos de ley ni iniciativas que por su situación de interinidad no procederían, como proponer al Rey la disolución de las Cámaras o plantear la cuestión de confianza), mantiene aquellas dirigidas a cumplir y hacer cumplir las leyes como la de interponer recursos de inconstitucionalidad, e incluso adoptar medidas en casos 'de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general', como aprobar Reales Decretos Leyes para tales supuestos.

Por su parte, el tan mentado artículo 155 de la Constitución, que supondría la práctica suspensión de la autonomía catalana, podría aplicarse perfectamente: se requeriría la aprobación de la mayoría absoluta de un Senado que, junto al Congreso, se constituirá el miércoles, y en el que el PP, no lo olvidemos, cuenta con esa misma mayoría. Los asaltantes de las leyes y la soberanía nacional española no tendrán escapatoria.