jueves, 30 de julio de 2015

UN 'TRÁGALA' DE REFORMA ELECTORAL EN MURCIA

Artículo mío publicado en el diario La Opinión de Murcia, ayer, 29 de julio.

Imaginemos por un momento que el Partido Popular hubiese logrado finalmente en las elecciones autonómicas murcianas ese único escaño que le faltaba para la mayoría absoluta y, como primera medida inmediata, hubiese planteado unilateralmente (esto es, impuesto) y por la vía rápida una reforma electoral que pudiera favorecerle mínimamente. ¿Qué no se hubiera dicho y escrito, qué calificativos más o menos gruesos no le hubiesen dedicado? Autoritarios, caciques, tramposos… sería lo más suave que leeríamos y escucháramos. Desde luego, hubiese ostentado toda la legitimidad derivada de las urnas, si bien se hubiera tratado de un proceder escasamente presentable desde un punto de vista institucional y hasta de la ética política, ya que cambiar las reglas de juego electoral a pura conveniencia y sin contar con un mínimo de consenso sentaría un precedente indeseable en nuestra democracia. Pues bien, semejante ‘rodillo’ parlamentario, tan criticado en el PP, es el que utiliza ahora, y sin contemplación alguna, esa misma oposición ‘tripartita’ PSOE-Podemos-Ciudadanos que tanto denostaba ese tipo de comportamientos; cabe colegir que solo de boquilla y de manera harto farisea, puesto que por sus actos les conoceréis.

Obviamente, esta reforma del sistema electoral autonómico ni responde a una de las principales demandas de la sociedad murciana (sabido es que el murciano medio no se levanta por las mañanas preocupado por si debe haber o no circunscripción única, o por el porcentaje mínimo para entrar en la Asamblea Regional), ni por supuesto va a redundar en la mejora de la calidad de vida de los murcianos (como de hecho no la favorece ninguna otra propuesta procedente del embrión de este mismo acuerdo de reforma, el ‘Pacto del Moneo’; nacido, no lo olvidemos, con la pretensión de orillar al PP); sin embargo, se eligió el trámite de urgencia para aprobarlo, sin dar prácticamente tiempo para la presentación de unas enmiendas, además, sistemáticamente rechazadas, y sin contar, no ya con el mismo PP, de nuevo el partido más votado, y con diferencia, por los electores murcianos, sino con organismos que deberían haberse pronunciado al respecto de una iniciativa legislativa de tantísima importancia, como son el Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social de la Región. ¿Y a qué se deben tantas prisas? Ni más ni menos, a que los promotores de esta reforma ‘express’, que consideran que no se van a ver en otra, no tienen otra prioridad que forzar un cambio en las reglas de juego electoral del que puedan sacar ventaja particular, sin importarles lo más mínimo el beneficio o el perjuicio que ello pueda reportar para el sistema democrático y el ejercicio del voto en la Región.

Así por ejemplo, resulta muy significativo que, los mismos que alardean de sus supuestos hábitos de democracia interna y de identificarse con el sentir del ‘pueblo’, incluidos aquellos que ensalzan el referéndum celebrado en Grecia y hasta se adhieren al llamado ‘derecho a decidir’ demandado por el nacionalismo separatista catalán, rechacen en cambio establecer algún procedimiento de consulta para pulsar la opinión de los murcianos sobre la reforma electoral que se plantea. Porque, claro, ¿y si les dejan en mal lugar? Cuidado, que los murcianos siguen votando mayoritariamente al PP, y no se puede confiar en ellos. Además, aquellos a los que se les llena la boca con expresiones como ‘regeneración democrática’ y hasta se permiten imponer a los demás partidos sistemas de elección interna por su supuesto mayor carácter participativo, no han tomado siquiera en consideración la propuesta de introducir listas abiertas para que el votante elija directamente a los candidatos. Serían cambios de verdadera enjundia y que sí harían de la nuestra una democracia de mayor calidad, y que no se limitarían tan solo a propiciar una mayor o menor ventaja en el reparto de escaños de unos partidos respecto a otros; aspecto este que ciertamente preocupa a ciertos líderes políticos, pero no a la generalidad de los murcianos.

Pero, por desgracia, vemos una vez más reflejados en la autocalificada ‘nueva política’ los modos de proceder más deleznables de la ‘vieja’, y además corregidos y aumentados: a los casos conocidos de transfuguismo, nepotismo, apego al cargo, hay que añadir ahora en Murcia el ‘rodillo’ parlamentario… incluso en materias que hasta ahora se procuraba que fueran objeto de un amplio acuerdo político. El Partido Popular quizá sea justo merecedor de algunas de las críticas que le han dedicado durante el ejercicio de sus mayorías absolutas, pero jamás ha iniciado siquiera el trámite para imponer un cambio del régimen electoral en Murcia; tampoco lo ha terminado haciendo en el Parlamento de la nación, pese a que el que sistema mayoritario que se llegó a plantear le hubiese favorecido, y mucho, en las últimas elecciones municipales. En ambos casos hubiese tenido toda la legitimidad de sendas y holgadas mayorías cosechadas en las urnas, pero no contaba con un mínimo consenso, o al menos con el acuerdo del principal partido de la oposición, condición no escrita pero vigente hasta ahora para emprender una reforma tan básica para el sistema democrático como la de las reglas de juego electoral, las normas de cómo elegir a nuestros representantes políticos.

Hasta que han llegado los que han sustituido las negociaciones políticas para procurar acuerdos por los ‘trágalas’ impuestos por mayorías artificiales y meramente coyunturales. Y estos son los que venían a regenerar y mejorar la democracia. Pues apaga y vámonos.