miércoles, 18 de febrero de 2015

CON CHAVES Y GRIÑÁN, NI DOCTRINAS NI PROMESAS

¿Debería la imputación de un cargo público implicar inmediata e irremisiblemente su dimisión o cese, y en todos los casos? La especial ejemplaridad con la que debe conducirse (sobre todo en estos tiempos abonados a la antipolítica) un representante político en democracia, máxime en términos de imagen (y en aplicación del conocido principio: la mujer del César, además de honrada, ha de aparentarlo), parece conducirnos a una clara y terminante respuesta. Ahora bien, cabe matizar que es relativamente fácil lograr la imputación judicial de alguien: en la mayoría de las ocasiones basta con presentar una denuncia o querella en los Tribunales y que un juez decida iniciar una investigación con el fin de averiguar si efectivamente ha habido comisión de un delito o participación en él para que llegue; con lo cual corremos el riesgo de que se haga un uso abusivo y torticero de los medios y resortes de la Justicia (como de hecho se lleva haciendo) para acabar de un plumazo, y de la manera más injusta, con la carrera política de cualquiera, y por mucho que posteriormente se le absuelva judicialmente o ni siquiera haya llegado a sometérsele al paso del juicio oral (y ejemplos ha habido, y no precisamente escasos).

Por tanto, tomar decisión tan tajante tendría que depender del supuesto concreto: por ejemplo, y dejando aparte las renuncias movidas por estrictas motivaciones personales o de honor y ética particular, que siempre hay que resaltar por su nobleza y virtud, se debería tener en cuenta si el caso reviste de especial gravedad desde un punto de vista social y/o político, si hay indicios lo suficientemente contundentes y abrumadores contra el político que se trate... o en simple y llana aplicación de la propia doctrina de exigencia de responsabilidades al adversario político, aunque solo sea por una cuestión de coherencia y credibilidad.

Así pues, y dadas, no solo la doctrina sobre imputaciones ajenas de este nuevo PSOE supuestamente inmerso en 'limpieza', sino las explícitas promesas tanto de Pedro Sánchez como de la mismísima Susana Díaz sobre el particular, debía ser mera cuestión de tiempo que, como consecuencia de su imputación en la investigación judicial de la más gigantesca y desvergonzada trama de corrupción de la democracia, dejen sus escaños (o que se les inste a ello) los prebostes del socialismo andaluz, Chaves y Griñán; con los que, en cualquier caso, no se ha procedido de manera tan fulminante como con, por ejemplo, Virgilio Zapatero o Tomás Gómez, quienes para más inri ni tan siquiera han llegado a ser encausados. Pero ni mucho menos: ahora resulta que hay que envainársela y, primero, limitarse a aplicar un código ético particular que sitúa la dimisión o el cese en la apertura de juicio oral (por supuesto, solo para ellos mismos, pero no para los demás); y, después, escudarse en el peregrino argumento de que es cierto que a los dos ex-presidentes de la Junta de Andalucía se les ha imputado, pero no por ningún delito (sic): como si se hallaran, o pudieran hallarse, inmersos judicialmente en algún asunto etéreo o por definir, y no de lleno en una investigación por hechos delictivos que conllevan prevaricación y malversación de fondos públicos; dirigidos, para mayor ignominia, a atender y ayudar a los parados, y, para mayor escarnio, en la región española con mayor índice de desempleo.

Pero con Chaves y Griñán, padrinos políticos de doña Susana, no hay ni doctrinas ni promesas que valgan. Lo cual, además de evidenciar una escandalosa doble vara de medir, despoja definitivamente de toda autoridad moral al PSOE en sus exigencias de responsabilidades políticas, de renuncias y destituciones, por casos concernientes a políticos de otros partidos.Y son harto frecuentes últimamente.