domingo, 9 de noviembre de 2014

EL 'BUTIFARRÉNDUM' SÍ DEBE TENER CONSECUENCIAS

El circo seudoplebiscitario que, cumpliendo sus amenazas, ha montado el nacionalismo catalán el 9-N no es más que un espectáculo grotesco; una ópera bufa (con ausencia de censo, urnas de cartón, votos de mentira, participación de 'voluntarios', la única 'supervisión' de los independentistas...) que no cumple los más mínimos y elementales requisitos legales y democráticos y que, como tal, no produce el efecto que perseguían los separatistas, que no era otro que la ruptura de la unidad de España. Pese a los denonados intentos del secesionismo, Cataluña mañana seguirá formando parte de España.

Cierto es, y se lo debemos a la serena pero firme defensa de nuestro sistema constitucional llevada a cabo por las instituciones del Estado, empezando por el Gobierno de la nación como es su obligación. Pero ello no habría de implicar que la celebración del llamado 'butifarréndum', y toda la ridícula parafernalia que ha traído consigo (incluidos 'avances de resultados' hechos públicos por la misma Generalitat), dejaran de tener consecuencias jurídicas (además de políticas), puesto que han supuesto toda una burla, y gravísima, a las reglas de juego de la democracia, a la soberanía nacional del pueblo español y, en suma, al Estado de Derecho. Un monumental fraude que, para más inri, puede sentar un indeseable precedente. Y nada de bromas cuando se trata de garantizar tanto el cumplimiento de la legalidad (nunca se insistirá lo suficiente: sin ley no hay democracia) como, en última instancia, el ejercicio de los derechos y libertades de todos los españoles.

Durante el 9-N en Cataluña, la mera intención de atentar contra la ley sí que ha pasado a actuación pura y dura, y quienes han cometido los delitos de 'desobediencia, prevaricación y malversación' (según el mismo juez de Barcelona que ha rechazado retirar las urnas de cartón), esto es, los miembros del Gobierno autonómico catalán con su presidente a la cabeza, han de responder de sus actos. Y aplicándoles toda la firmeza de nuestro Estado de Derecho. En este sentido, la Fiscalía ha de estar acometiendo la labor de defensa de la legalidad que se espera de ella y, por tanto, acumulando denuncias sobre posibles responsabilidades penales para presentarlas 'ipso facto' ante los Tribunales de Justicia; tal y como ha confirmado, y como no podía ser de otra manera, el Ministro Catalá.

Más en concreto, la actitud chulesca y desafiante de quien según la Constitución es el representante ordinario del Estado en Cataluña no ha de quedar en absoluto impune. El señor Mas debe quedar inhabilitado para los restos, tanto política como legalmente. Y aquí no caben salidas ni soluciones 'intermedias'.