martes, 24 de junio de 2014

UN JUSTO Y MÍNIMO RESARCIMIENTO

Descendiendo a la letra pequeña de la reforma fiscal presentada por el Gobierno del PP, por fin una realidad aun en contra de las recomendaciones de Bruselas, cabe reconocer que las reducciones de impuestos que contempla (de una media del 12.5% para todos los contribuyentes) son en general audaces: especialmente para aquellos que ingresan menos de 24.000 euros al año, el 72% de los declarantes, a los que se aplicará una rebaja media del 23%; con lo cual pagarán incluso menos impuestos que antes de las subidas decretadas por Rajoy, recordemos, nada más llegar al Ejecutivo. A las rentas más altas, consideradas como tales aquellas de más de 100.000 euros anuales, también se les baja el IRPF, aunque pagarán más que en 2011. 

También son resaltables los beneficios fiscales a las familias, que incluyen aumentos de deducciones a las familias numerosas y con discapacitados y elevaciones de los mínimos exentos familiares; las menores retenciones fiscales a los autónomos, que se aplicarán ya el próximo mes de julio; y la reducción del Impuesto de Sociedades, que será de cinco puntos en dos años. Eso sí, como contrapartida, los alquileres tendrán peor tratamiento fiscal y las indemnizaciones por despido (bajo determinadas condiciones) afrontarán IRPF; si bien no deberán hacerlo los perjudicados por la venta de preferentes y quienes se hayan visto obligados a entregar sus viviendas al banco como dación en pago.

En suma, un nuevo marco fiscal, éste sí, acorde con las promesas electorales del PP y el ideario que se espera profese y ponga en práctica, que no es otro que el liberal-conservador: el que defiende que liberando de obstáculos e impedimentos a las empresas, a las familias y a los ciudadanos en general y promoviendo la libre iniciativa empresarial y la búsqueda del beneficio económico es como se crece, prospera y progresa. Y, por tanto, de tal manera es como se facilita la reactivación económica y, a su vez, un aumento de los ingresos fiscales, como consecuencia precisamente de la mayor actividad económica que se genera. Todo lo cual no debería obstar para seguir aplicando una política de rigor en el gasto público con el fin de no dejar de cumplir los objetivos de reducción del déficit.

Y, sobre todo, se trata de un justo y mínimo resarcimiento a unas clases medias, en especial aquellas pertenecientes a los estratos más dinámicos de la sociedad, a las que se les ha exigido enormes sacrificios para lograr cuadrar unas cuentas públicas heredadas en estado calamitoso. Pero donde mejor está el dinero es en el bolsillo del ciudadano, y ya iba siendo hora de hacer realidad principio económico liberal tan básico como juicioso.