martes, 22 de octubre de 2013

SENTENCIA PAROT: SÍ, SE PODRÍA HABER EVITADO

Como se temía, y en un día funesto para las víctimas de la banda asesina ETA, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sic) de Estrasburgo rechazó definitivamente el recurso del Gobierno español y emitió una denigrante sentencia en contra de la doctrina Parot y a favor de la puesta en libertad de una etarra sanguinaria, que para más inri no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento por sus crímenes. Un serio revés en tantos años de cruenta lucha de la democracia española contra la lacra del terrorismo. Ahora cabe minimizar el daño en la medida de lo posible y evitar la salida masiva a la calle de etarras y demás delincuentes que puedan verse beneficiados por el fallo; por parte de los Tribunales de Justicia, concretamente tanto la Audiencia Nacional como las Audiencias Provinciales, que son a quienes compete interpretar el mismo y aprobar su posible extensión a los casos concretos que se les planteen.

Porque quienes tienen que decidir sobre la posible excarcelación de etarras y demás criminales a los que se haya aplicado la doctrina Parot (según la misma sentencia, antes de la reforma del Código Penal de 1995), no es el Gobierno (Poder Ejecutivo), sino los Tribunales de Justicia (Poder Judicial), y a ellos van a dirigirse los abogados defensores. Resaltar principio tan básico en un Estado de Derecho puede parecer ocioso, pero resulta conveniente ante una nueva campaña emprendida al albur por el inefable y furibundo antimarianismo mediático, cuyos 'opinadores', no contentos con exigir el no acatamiento de una resolución judicial (que, por mucho que nos disguste y horrorice, es de obligado cumplimiento dado que España se adhirió en su momento al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que a partir de entonces pasó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno), pretenden hacer ver que el Gobierno tiene incluso la potestad de impedir la aplicación judicial de la sentencia.

Ojalá fuera tan fácil como para que todo estuviera en manos de su denostado Mariano, pero ni mucho menos es así; incluso si el presidente hiciera caso a quienes en otras ocasiones van de defensores a ultranza de la división de poderes y critican su inexistencia en España, pero que sin embargo ahora promueven que el Ejecutivo se entrometa en el Judicial (y, por tanto, rematar definitivamente a Montesquieu), sería un ejercicio inútil puesto que el Gobierno puede controlar (y de hecho controla) políticamente a jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial y a la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional; pero no precisamente a los que en concreto han de dirimir sobre las posibles aplicaciones del fallo: los que componen tanto la Audiencia Nacional como las Audiencias Provinciales.

Pero esta sentencia, que revoca una doctrina tremendamente útil para combatir el terrorismo, no deja de ser una humillación para sus víctimas; y también, no hay que olvidarlo, para las de otros crímenes especialmente crueles. Y se pudo haber evitado: lo cierto es que se debería haber reformado el Código Penal en el sentido de endurecer las penas de los delitos de mayor gravedad, y por supuesto para evitar que los asesinatos múltiples, tan frecuentes en los atentados etarras, salieran penalmente más baratos que cometer uno solo. Pero no se hizo absolutamente nada en más de 30 años de democracia: los Gobiernos de Felipe González, pese a que emprendieron una revisión que se aprobó en 1995, debido a un supuesto prurito 'progre'; y en cuanto a los de Aznar, que tan gigantescos pasos dieron en la lucha antiterrorista, se centraron en la firmeza policial y en propiciar una ilegalización de las franquicias etarras que se mostró muy eficaz, pero tampoco entraron en el capítulo penal. Incluso una vez vigente la doctrina Parot en 2006, confirmada por sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, obviamente Zapatero, inmerso como estaba en su malhadado 'proceso de paz', no quiso saber nada de ninguna iniciativa legal que la asentase. Hemos tenido que esperar a la cadena perpetua revisable que plantea la actual reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta entonces, los unos por los otros y la casa sin barrer.