martes, 8 de octubre de 2013

LA UNIDAD DE ESPAÑA, GARANTÍA DE LA IGUALDAD

El sistema de financiación autonómica todavía vigente es manifiestamente injusto, ya que penaliza a aquellas regiones con menor extensión territorial pero mayor concentración de habitantes. De ahí que Gobiernos regionales como los de Murcia, Madrid o la Comunidad Valenciana lleven tiempo pidiendo su reforma, otra enmienda más al zapaterismo que habrá que concretar pronto. Ahora bien, tan necesario cambio en ningún caso ha de conllevar trato 'diferenciado' o de favor a ninguna Comunidad Autónoma, por muchas 'singularidades' que, como otras autonomías de España por cierto, pueda presentar; y mucho menos como cesión a determinados chantajes de quienes, por otra parte, jamás se van a contentar, dado que la reivindicación permanente (hasta la misma secesión) es su propia razón de ser y existir.

El Título VIII de la Constitución española, que como es bien sabido se refiere a la organización territorial del Estado, tras reconocer la autonomía 'para la gestión de sus respectivos intereses' de municipios, provincias y Comunidades Autónomas, pone límites y condiciones a la misma. Así, declara en su artículo 138, punto primero, que se ha de garantizar 'la realización efectiva del principio de solidaridad', por lo que se debe velar por 'el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español'; su punto segundo condiciona las posibles diferencias entre los Estatutos de las Comunidades Autónomas a que 'no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales'. Por su parte, el punto primero del artículo 139, en aplicación del principio de igualdad de los españoles, manifiesta que 'todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado'.

El PSOE y la izquierda en general, debido a sus ya proverbiales complejos ante unos nacionalismos a los que siempre ha concedido un 'plus' de legitimidad democrática derivada de su supuesta lucha antifranquista, y pese a toda su palabrería demagógica, parecen haber renunciado definitivamente a la defensa de principios como los de solidaridad e igualdad de trato hacia los españoles independientemente de donde residan, reconocidos claramente en nuestra Carta Magna. Pues bien, el PP, como partido inequívocamente nacional, ha de recoger esa bandera y enarbolarla con absoluta determinación, si es necesario en solitario. Porque la unidad de España, nación de ciudadanos libres e iguales al menos desde la Constitución de Cádiz, es precisamente garantía de la igualdad en derechos y obligaciones de todos los españoles, sin privilegios de ningún tipo.