domingo, 24 de febrero de 2013

LA IZQUIERDA REACCIONARIA BUSCA SU 23-F

Promover un cambio de régimen (más bien de Gobierno por el hecho de ser del PP, de 'la derecha') saltándose a la torera el imperio de la ley y despreciando la voluntad popular se llama golpismo. Puro y duro. Y por mucho que se vista con ropajes de lenguaje 'indignado'. No está de más recordarlo precisamente con motivo de un 23 de febrero, fecha elegida no en balde por las distintas facciones antisistema y de la izquierda radical para repetir su antidemocrático ritual de rodear e intentar asaltar el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. Y es que la izquierda reaccionaria, impotente ante la adversa realidad de unas urnas que le dan sistemática la espalda, lleva tiempo buscando desesperadamente su 23-F.

Aunque resulte ocioso recordarlo a estas alturas, la voluntad de la mayoría se manifiesta en las urnas, y no en la calle. Y, como corresponde a un Estado de Derecho, bajo unas leyes y unos procedimientos políticos e institucionales. En las últimas elecciones, celebradas hace apenas un año, hubo un partido, defensor a ultranza del actual régimen constitucional, que consiguió once millones de votos y mayoría absoluta en el Congreso, y en unos comicios con una participación del 71 por ciento del electorado. Y en cuanto a las reglas de juego, podrán gustar más o menos, pero se fijaron en una Constitución nacida de un amplísimo consenso político y que obtuvo en su momento el voto afirmativo de una gran mayoría de los electores españoles.

¿Ello implica que la Constitución y el régimen político en el que se sostiene han de ser eternos e inmutables? Por supuesto que no, pero los cambios han de producirse cuando haya una demanda real, y no porque unos cuantos demagogos consigan aglutinar un determinado número de personas en la vía pública para cercar la sede de la soberanía nacional al tejeriano modo; es decir, cuando, tras pasar por las urnas, una mayoría suficiente en el Parlamento de la nación plantee transformar el sistema para que, antes de llevarlo a cabo, se vuelva a consultar a los españoles, tal y como recoge la misma Constitución. Porque nuestra tan injustamente denostada Carta Magna (bajo cuya égida España ha vivido una época de estabilidad política, desarrollo económico y prosperidad sin precedentes) da en estos casos la última palabra a quien ostenta la soberanía, al pueblo español, en el ejercicio del sufragio universal, libre, directo y secreto; no a quienes vociferen más en la calle o sean capaces de escribir más disparates en las redes sociales.